El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos jubilado Teodoro Velázquez ha denunciado este lunes en el Senado que “no se ha ejecutado ninguna” de las 23 medidas estructurales previstas para el bajo Xúquer en el Plan Hidrológico Nacional, entre ellas, las de la Rambla del Poyo. Velázquez ha insistido durante su intervención en la comisión de investigación sobre la DANA que se desarrolla en el Senado en que, de acuerdo con la normativa en vigor, las obras hidráulicas de interés general del Estado son competencia de la Administración General del Estado a la que ha responsabilizado de “priorizar infraestructuras verdes”, lo que ha calificado de “imprudente” cuando se trata de zonas de “grave riesgo”.
“La responsabilidad directa no es de la Confederación (Hidrográfica del Júcar). Respondiendo con rigor, sería del Ministerio de Transición Ecológica. Y es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que decir si las hace la Dirección General del Agua o la Confederación”, ha subrayado, al tiempo que insistía en que si se hubieran acometido las obras previstas en el Barranco del Poyo, se habrían mitigado las consecuencias de la DANA.
“No digo de haber hecho todas las de todas las áreas, pero las de las nueve áreas de riesgo extremo es totalmente necesario. Y si no las hacemos (...) desde ya, desde hace cinco meses, las medidas estructurales necesarias, no estamos reduciendo la peligrosidad. Y si no reducimos la peligrosidad, no podemos reducir el riesgo”, ha advertido.
Así mismo, ha asegurado que, de acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, las cifras de previsión de posibles avenidas del bajo Túria para un periodo de retorno de 500, 100 y diez años son “extremas”. De este modo, se calcula que habría 128 kilómetros cuadrados (km2) de superficie inundable para un periodo de retorno de 500 años, “diez veces lo que se considera una superficie muy grave (...) que se establece en 15 km2”. Además, la población afectada ascendería a 159.352 habitantes.
Desde su punto de vista, si el caudal de la zona inundable se hubiese repartido en tres laminaciones, en lugar de haberse alcanzado los “tres, cuatro o cinco metros” de agua, se hubiese registrado una altura de “80, 50 centímetros”. Con ello, se habrían reducido las víctimas y los riesgos económicos, en este caso en un “50,60%”. De manera más general, Velázquez ha detallado que se deberían construir más presas teniendo en cuenta fenómenos como las “gotas frías”. “No solo es que se mantengan, es que yo creo que sería necesario aumentar las presas, clarísimamente”, ha insistido.
Entre sus soluciones previstas para “evitar otra tragedia”, el ingeniero también ha reclamado iniciar “ya” las medidas del Poyo, Saleta, Vilamarxant y Turia “para recuperar la esperanza y seguridad de los afectados”. A su vez, ha instado que las áreas de riesgo extremo se establezca una “alerta automática” en cuanto se llegue a la previsión de lluvias de 100 años mientras no se ejecuten las medidas que no dependa de que la envíe ninguna persona determinada.
El sistema de alarma se lanzaría “en el momento que se llegue a la previsión de lluvia, con 24 horas de antelación, o con 48 si puede ser; pero que no dependa ni de Mazón, ni del Hugo Morán (secretario de Estado de Medio Ambiente), ni de la directora general, ni el presidente de la Confederación... que sea automática. Y eso, mientras no se ejecuten las obras, lo haría para la previsión de lluvia de la venida del 100 años”, ha insistido.
El ingeniero también considera necesario de recuperar una dirección general de Obras Hidráulicas “con equipo suficiente” y con un responsable que sea un Ingeniero de Caminos experto en obras hidráulicas “e independiente de los políticos de turno”. “Si las inundaciones son el fenómeno que más daños produce, tendría que haber mucho conocimiento en la cabeza del Ministerio. Si analizamos en este momento las cuatro partes primeras del Ministerio, no hay ningún ingeniero de caminos. Ni uno”, ha denunciado.
Durante el debate, el senador de Compromís Enric Morera ha advertido de que se dejó caducar “miserablemente” la declaración ambiental de los proyectos en la Rambla del Poyo, que fue firmada por Teresa Ribera en 2011, entonces secretaria de Estado de Cambio Climático. En la réplica, Velázquez ha precisado que si bien los proyectos ya existían desde 2001, a partir de 2016 existe la “obligatoriedad” de ejecutarlas. A su juicio, la Ley de la Huerta “retrasó indebidamente la ejecución de las obras”. Por su parte, la senadora socialista Rocío Briones ha asegurado que los protectos del la Rambla del Poyo y Saleta están en marcha.